Poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas
“La violencia contra la mujer todavía no ha recibido la atención prioritaria y los recursos que se requieren en todos los niveles para abordarla con la seriedad y la visibilidad necesarias”
Estudio a fondo del Secretario General sobre todas las formas
de violencia contra la mujer (2006)
(A/61/122/Add.1)Si bien las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas varían de un contexto social, económico, cultural e histórico a otro, es evidente que esa violencia sigue siendo una realidad devastadora en todas partes del mundo. Las investigaciones, los datos y los testimonios existentes de mujeres y niñas de todo el mundo proporcionan pruebas escalofriantes. Se trata de una violación generalizada de los derechos humanos y un grave impedimento para el logro de la igualdad de género, el desarrollo y la paz.
Esa violencia es inaceptable, ya sea perpetrada por el Estado y sus agentes o por miembros de la familia o extraños, en el ámbito público o privado, en tiempos de paz o de conflicto.
Se han establecido marcos jurídicos y normativos internacionales, regionales y nacionales que abarcan muchas formas diferentes de violencia en los contextos público y privado. Sin embargo, los progresos registrados en la elaboración de esas normas, pautas y políticas jurídicas no han ido acompañados de progresos similares en su aplicación. Sigue siendo insuficiente y poco sistemática en todas partes del mundo.
Los Estados tienen la obligación de proteger a las mujeres y las niñas de la violencia, exigir responsabilidad a los autores, hacer justicia y proporcionar recursos a las víctimas. El incumplimiento de esas obligaciones es inaceptable. Cuando el Estado no exige responsabilidad a los autores de actos de violencia y la sociedad consiente esa violencia de forma explícita o tácita, la impunidad no sólo lleva a que se cometan más abusos, sino que también hace pensar que la violencia del hombre contra la mujer es aceptable y normal. El resultado es que se deniega la justicia a las víctimas o supervivientes y se refuerza la desigualdad de género prevaleciente.
La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestros tiempos. Todo el mundo tiene la responsabilidad de actuar ante la violencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se tolere la violencia contra las mujeres y las niñas, en el que los amigos, los familiares, los vecinos, los hombres y las mujeres intervengan para impedir que los autores de esos actos queden impunes.
Con motivo de la celebración oficial por las Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2007, se realizará una mesa redonda sobre este tema, en la que se examinarán prácticas idóneas y ejemplos de soluciones concretos para eliminar la violencia y poner fin a la impunidad desde el nivel mundial hasta el local. En la mesa redonda se expondrán diferentes dimensiones del problema desde la perspectiva de parlamentarios, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, representantes de la sociedad civil e integrantes de los medios de difusión.
(Fuente: O.N.U.)
Documento.
“La violencia contra la mujer todavía no ha recibido la atención prioritaria y los recursos que se requieren en todos los niveles para abordarla con la seriedad y la visibilidad necesarias”
Estudio a fondo del Secretario General sobre todas las formas
de violencia contra la mujer (2006)
(A/61/122/Add.1)Si bien las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas varían de un contexto social, económico, cultural e histórico a otro, es evidente que esa violencia sigue siendo una realidad devastadora en todas partes del mundo. Las investigaciones, los datos y los testimonios existentes de mujeres y niñas de todo el mundo proporcionan pruebas escalofriantes. Se trata de una violación generalizada de los derechos humanos y un grave impedimento para el logro de la igualdad de género, el desarrollo y la paz.
Esa violencia es inaceptable, ya sea perpetrada por el Estado y sus agentes o por miembros de la familia o extraños, en el ámbito público o privado, en tiempos de paz o de conflicto.
Se han establecido marcos jurídicos y normativos internacionales, regionales y nacionales que abarcan muchas formas diferentes de violencia en los contextos público y privado. Sin embargo, los progresos registrados en la elaboración de esas normas, pautas y políticas jurídicas no han ido acompañados de progresos similares en su aplicación. Sigue siendo insuficiente y poco sistemática en todas partes del mundo.
Los Estados tienen la obligación de proteger a las mujeres y las niñas de la violencia, exigir responsabilidad a los autores, hacer justicia y proporcionar recursos a las víctimas. El incumplimiento de esas obligaciones es inaceptable. Cuando el Estado no exige responsabilidad a los autores de actos de violencia y la sociedad consiente esa violencia de forma explícita o tácita, la impunidad no sólo lleva a que se cometan más abusos, sino que también hace pensar que la violencia del hombre contra la mujer es aceptable y normal. El resultado es que se deniega la justicia a las víctimas o supervivientes y se refuerza la desigualdad de género prevaleciente.
La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestros tiempos. Todo el mundo tiene la responsabilidad de actuar ante la violencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se tolere la violencia contra las mujeres y las niñas, en el que los amigos, los familiares, los vecinos, los hombres y las mujeres intervengan para impedir que los autores de esos actos queden impunes.
Con motivo de la celebración oficial por las Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2007, se realizará una mesa redonda sobre este tema, en la que se examinarán prácticas idóneas y ejemplos de soluciones concretos para eliminar la violencia y poner fin a la impunidad desde el nivel mundial hasta el local. En la mesa redonda se expondrán diferentes dimensiones del problema desde la perspectiva de parlamentarios, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, representantes de la sociedad civil e integrantes de los medios de difusión.
(Fuente: O.N.U.)
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